El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló que durante unas tareas de limpieza del subsuelo del Edificio Cóndor se hallaron 1.500 documentos, entre los cuales figuran las listas negras y el conocido caso “Papel Prensa”. En los documentos encontrados figura un plan de acción de gobierno de las Juntas Militares que abarcaba hasta el año 2000, así como actas que dejan clara constancia de la relación entre la venta de Papel Prensa y la desaparición de su propietario, David Graiver. Los documentos revelan como los altos mandos de las fuerzas de entonces debatían sobre el tratamiento que debía darse al tema "desaparecidos" tanto a nivel de opinión pública, como de los familiares que los buscaban y ante los organismos internacionales. La documentación estaba guardada en dos cajas fuertes, un armario y una estantería en ese subsuelo de tres metros de ancho por dos de alto.
También se encontró la lista negra de artistas, intelectuales y comunicadores que se había elaborado en la dictadura y los debates sobre el proyecto de decreto de Ley de Radiodifusión. Asimismo se halló el libro de Mesa de Entradas, donde figuran los movimientos de visitas, entre los que se incluye la constancia de la consulta que hizo Hebe de Bonafini sobre la desaparición de sus hijos.
"Llegamos a esta documentación por la información que nos dio el jefe de la Fuerza Aérea" actual, destacó Rossi sobre el hallazgo de los documentos que permanecieron ocultos tras 30 años de democracia. "Encontramos 6 carpetas originales de las actas de las Juntas Militares, todas las actas secretas desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83 con cronología de cada uno y los originales firmados por los secretarios generales de cada fuerza", reveló Rossi. "Cada carpeta incluye una planilla con los temas que se trataban y se analizaban y las posiciones de cada fuerza, un total de 280 actas originales", agregó. Las actas "están ordenadas y tienen índice temático". También se hallaron documentos de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) de la dictadura.
Existen gráficos sobre "una hipótesis de plan de gobierno" de la dictadura con "un escenario que llegaba hasta el año 2000". Otro documento encontrado es una comisión de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) de aportes al esquema del proyecto militar, destacó. Se hallaron "13 actas originales de la conjunta sobre caso Papel Prensa con un seguimiento exhaustivo: 12 están fechadas entre el 15 de setiembre del 76 y 1 de diciembre del 77 "lo que demuestra que el tema era de discusión permanente en las Juntas", precisó Rossi.
Se encontró igualmente "el acta institucional del 24 de junio del 76 donde dice que la Junta de gobierno se adjudica facultad de considerar la conducta de las personas que hayan ocasionado perjuicios a los intereses de la nación, y que se sancionarán con la pérdida de derechos políticos y gremiales, hasta la expulsión del país y la internación en el lugar que determine el Poder Ejecutivo Nacional".
Estuvieron presentes las autoridades de las Fuerzas Armadas y del EMCO; funcionarios del Ministerio de Defensa; integrantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, autoridades de la secretaria de DDHH de la provincia de Buenos Aires y del Archivo Nacional de la Memoria, integrantes del equipo argentino de antropología forense y sobrevivientes del holocausto. Además, participaron el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Dr. Luis Hipólito Alén; la coordinadora del Ministerio de Público Fiscal, Dra. Carolina Varski; el diputado nacional del Frente para la Victoria y nieto restituido, Horacio Pietragalla Corti; la nieta restituida, Victoria Montenegro; el abogado y periodista, Pablo Llonto y la Presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín; entre otros.
Rossi sostuvo que "es la primera vez que se tiene acceso a una documentación integrada de este período en su versión original, con toda la ventaja que significa que esté ordenada con una clasificación previa, producto del orden cronológico". Se encontraron también documentos de la CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo) y documentos que daban sustento doctrinario al proceso; entre ellos, una hipótesis de plan de gobierno que consta de dos partes: la etapa fundacional hasta cerca de los años '90, y la denominada "nueva república" hasta cerca del año 2000.
También se encontró una comunicación de la Asociación de Bancos Argentinos en los cuales se registran aportes económicos a la Junta; "esto evidencia que no fue sólo un golpe militar sino un golpe cívico-militar", aseguró Rossi. Se descubrieron libros de mesa de entrada, donde cualquier comunicación enviada hacia la Junta y emitida por la misma quedaba asentada, entre los que se encontró, por ejemplo, el pedido de aparición de los hijos de Hebe de Bonafini.
Una carpeta que analiza las listas negras de intelectuales, comunicadores y artistas, con distintos niveles de prohibición en cuanto a su desenvolvimiento, estaban calificadas de F1 a F4 según el grado teórico de peligrosidad, y contenían, al 31 de enero de 1980, 331 personas. Para el 20 de octubre de 1982 la lista había descendido a 153, producto de la desaparición o exilio de muchos de ellos.
En las listas negras figuraban, entre otros: Norma Aleandro; Emilio Alfar; Héctor Alterio; Osvaldo Bayer; Norman Briski; Julio Cortázar; Rogelio García Lupo; Horacio Guaraní; Víctor Heredia; Federico Luppi; Osvaldo Pugliese; Rodolfo Puiggrós; Marilina Ross; Mercedes Sosa; y María Elena Walsh.
Finalmente, Rossi concluyó en tres puntos respecto del hallazgo histórico-jurídico: "en primer lugar, llegamos a esta información por la decisión de un Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sin la cual nunca hubiésemos llegado a tener esta información", explicó y agregó que esto "contribuye a la construcción de una nueva etapa en la que las Fuerzas Armadas están integradas a la sociedad civil".
El titular de Defensa afirmó que " no hay dudas de que la información tiene un valor histórico relevante, y será decisión de la justicia si esta documentación tiene, a su vez, valor jurídico para las distintas causas que se están llevando a los estrados judiciales". Rossi informó que firmó dos resoluciones tendientes a darle a la Dirección de Derechos Humanos un plazo de seis meses para que clasifique la información y a indicarle a los Jefes de las Fuerzas que se intensifiquen las requisas en lugares no habituales a fin de encontrar cualquier documentación que pueda ayudar en el sentido de seguir descubriendo la verdad.
En último lugar el funcionario expresó una "palabra de aliento y esperanza", porque "todos mantenemos la expectativa de que pueda seguir existiendo documentación y este es un elemento que surge, después de treinta años en su estado original".
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