En las últimas horas de la noche montevideana, arreciaron los rumores, con origen en fuentes solventes, sobre que el gobierno uruguayo, sin esperar la aprobación técnica de la Armada y en un procesomás que confuso (en el que no se llamó a licitación ni a concurso de precios reservado sino a contactos informales con proveedores), habría optado por adquirir un sistema de vigilancia costera basado en unidades ELTA ELM 2226, aunque excluyendo cualquier obra civil al respecto.
En los últimos días la Armada habría urgido al Ministerio de Defensa Nacional a ordenar y sistematizar las ofertas técnicas, solicitando evaluaciones y cotizaciones con un mismo criterio técnico, lo que, no obstante los esfuerzos del Esmade al respecto, no se logró hasta el momento.
Entre las empresas que han contactado con el Gobierno a distinto nivel, se cuentan Thales (Coast Watcher), Signalis, Indra, Cassidian, CETC, Gem y Selex. En las últimas semanas se habría sumado Kelvin Hughes, ofreciendo una mezcla de radares de magnetrón modernos -de los que posee un gran stock, nuevos y retrofitados- con dispositivos de estado sólido para el frente marítimo, a precios curiosamente baratos. Luego se habría aproximado la integradora italiana Vitrociset con otra propuesta. Sin embargo no se habrían presentado reconocidas firmas, como Raytheon o Elbit (con el SELEC ICSS, por ejemplo).
Si bien Elta, que acaba de colocar un radar antiaéreo ELM 21063 3D NG al Grupo de Artillería Antiaérea del Ejército, suplantando a uno de los dos anteriores 2106 2D (también la Fuerza Aérea mira con respeto los Elta ELM 2032 que integran algunos F-5 modernizados evaluados), ha tenido una excelente imagen en Uruguay, como la industria bélica israelí en general, tanto el precio de los radares (entre 10 y 12, con su respectivo centro de Comando y Control-excluyendo obra civil- oscilando entre los 12 y 15 millones de dólares, de dificil obtención ante el Ministerio de Economía), como las inquietudes ambientales respecto al modelo son elementos controvertidos.
Si las gestiones culminan en adquisición, los contratos podrían ser firmados a fin de mes, aunque, seguramente, serían observados por el Tribunal de Cuentas, como gran parte de las compras de los Ministerios de Defensa y especialmente Interior en el último quinquenio, habitualmente recurriendo al mecanismo de secreto o reserva, usados, según diversos técnicos, con llamativa frecuencia. (Javier Bonilla)
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