En un movimiento que pocas veces se ha visto en la historia política uruguaya, la Comisión de Defensa del Senado de la Republica, integrada por miembros de todos los partidos políticos, votó por unanimidad un proyecto de declaración apoyando la adquisición de buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional.
Durante el debate se expusieron ideas referentes a qué tipo de buque se debería adquirir. De una parte se apoyaba un buque netamente de patrulla con armamento limitado y de otra la opción propuesta era un tipo de buque polivalente, con capacidad de guerra antibuque y antiaérea.
Finalmente se llegó al consenso de que este tipo de puntualizaciones no eran necesarias en la declaración, pues podían ser interpretadas como un direccionamiento hacia una futura compra o licitación, por lo que se removió íntegramente el punto que hacía mención a los aspectos técnicos y de armamento.
Asimismo, se discutieron distintas formas de financiación entre las que se encontraba la emisión de deuda pública a 20 o 25 años, periodo que se espera que estos buques estén operativos, como así también demostrar lo importante que resultan financieramente hablando por todo lo que se deja de perder por pesca ilegal, a lo que se le suma la necesidad de proteger a los potenciales plantas de extracción de hidrocarburos que se instalaran en el mar territorial uruguayo.
Sin buques adecuados
El proyecto de resolución quedó conformado por cinco puntos en los que, se plantea, entre otros aspectos, que el “Atlántico Sur tiene un creciente valor estratégico”, en el que “operan flotas de diversos Estados, ajenos a la región y sin ningún tipo de control” y aprovechando “las carencias de las Armadas de los Estados ribereños que no están en condiciones de neutralizar la incursión de esas flotas en sus zonas económicas exclusivas, y eventualmente, en las futuras Plataformas Continentales”.
Se dice, igualmente, que la “Armada Nacional debe tener una permanente presencia en nuestros espacios marítimos, a través de unidades navales modernas y adecuadas de manera tal que su ‘estar en el mar’, permita ejercer una vigilancia eficiente sobre sus aguas interiores, su mar territorial, así como las zonas marítimas más allá del mar territorial” sobre las cuales “el Uruguay ejerce o ejerza derechos de soberanía o jurisdicción”.
Advierten, asimismo, los senadores, que la Armada Nacional del Uruguay “no dispone de buques adecuados para cumplir con todas estas tareas que hoy se desempeñan por los modernos ‘patrulleros oceánicos’.
Concluyen los miembros de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores manifestando “su voluntad de que, en los tiempos que corresponda y de acuerdo a los procedimientos vigentes, la Armada Nacional pueda contar con Patrulleros Oceánicos adecuados a los objetivos mencionados en la presente declaración”.
Discusiones sobre el nuevo avión de caza
En otro orden, se discutieron los avances con respecto a la adquisición de un futuro caza para la Fuerza Aérea Uruguaya. En ese sentido la conversación se centró en llamar a Comisión al ministro de Defensa para que explique en qué estado se encuentra la negociación.
Sin embargo, se manejaron algunos datos erróneos, como por ejemplo decir que había una oferta por Sukhoi Su-35, cuando en realidad fue por Sukhoi Su-30MKI, o indicar que la Fuerza Aérea no estaba participando en la decisión para seleccionar el nuevo caza, cuando en realidad lo que oficiales de esa arma declararon fue que no estaban participando en las negociaciones, pues luego de presentar sus informes técnicos, la decisión es netamente político-económica.
En conclusión, si bien no se emitió un proyecto de declaración apoyando la compra, si se dejó claro que ésta es necesaria y beneficiosa para el país.
Fuente: infodefensa.com
