China se ha convertido, en menos de tres décadas, en uno de los principales exportadores a nivel mundial de armas pequeñas y ligeras. Pero, según un informe difundido por SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo), es también uno de los países menos transparentes a la hora de proporcionar y divulgar información sobre estos intercambios comerciales. El documento, titulado “Las exportaciones chinas de armas pequeñas y ligeras”, publicado ayer jueves, detalla que hasta 46 estados importaron este tipo de armamento a China en el periodo comprendido entre 2006 y 2010. Estos países pertenecen, en su amplia mayoría, a Asia, Oriente Medio y un número cada vez más elevado en América Latina.
Pakistán, Bangladesh, Egipto, Irán, Venezuela o Líbano serían algunos de los estados que mayores intercambios de armas habrían llevado a cabo con China. El informe explica, como causa principal del crecimiento de la exportación de este tipo de armamento, que desde los años 80 muchos de estos países intentan diversificar sus fuentes de obtención de material de defensa.
Con todo ello, y a pesar de que China ha reconocido oficialmente el efecto desestabilizador del comercio de estas armas para el desarrollo y la prosperidad (tanto económica como social) de estos países, lo más trascendente de este documento de 68 páginas es que existen pocas pruebas o constancia alguna de que este grupo de estados hayan importado esta clase de armamento. Se lamenta así el poco control del régimen exportador de Pekín, del que explica que todavía expone una alta falta de transparencia. De lo que sí que hay pruebas, aclara el informe, es que hay cada vez más actores no estatales que disponen de un mayor número de estas armas, lo que hace pensar que estos países importan las armas a China “y luego las transfieren a actores armados no estatales”.
Según se explica, las empresas de propiedad estatal son las que están autorizadas a comerciar con este tipo de armas hacia naciones extranjeras, mientras que las empresas privadas necesitan la aprobación del Gobierno chino. Pekín sí ha sido más explícito a la hora de reconocer los peligros de estas transferencias, pero SIPRI cree que todavía “se resiste a la transparencia propia de las armas de este tipo, y por lo tanto su alcance sigue siendo desconocido”.
Añade que, durante el periodo comprendido entre 2006 y 2010, se contabilizaron por la ONU y SIPRI transferencias con 57 estados. De todos ellos, 36 informaron a Naciones Unidas, mientras que SIPRI reconoció a 37 del total. SIPRI explica en el informe que otros 10 países no informaron a la ONU sobre estas importaciones, institución que se supone debería de tener constancia de todos estos intercambios comerciales.
Con todo, China ha participado en el programa de las Naciones Unidas UNODA (Oficina de las Naciones Unidas para el Desarme), además de confirmar que combatiría el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Sin embargo, fue uno de los 23 estados que se abstuvo de votar en la Asamblea General de la ONU para adoptar el proyecto de ATT.
SIPRI concluye, en la parte final del documento, que China todavía mantiene “algunas lagunas, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad de información que se transmite a la hora de conceder licencias de exportación hacia otros países”.
Con todo ello, y a pesar de que China ha reconocido oficialmente el efecto desestabilizador del comercio de estas armas para el desarrollo y la prosperidad (tanto económica como social) de estos países, lo más trascendente de este documento de 68 páginas es que existen pocas pruebas o constancia alguna de que este grupo de estados hayan importado esta clase de armamento. Se lamenta así el poco control del régimen exportador de Pekín, del que explica que todavía expone una alta falta de transparencia. De lo que sí que hay pruebas, aclara el informe, es que hay cada vez más actores no estatales que disponen de un mayor número de estas armas, lo que hace pensar que estos países importan las armas a China “y luego las transfieren a actores armados no estatales”.
Según se explica, las empresas de propiedad estatal son las que están autorizadas a comerciar con este tipo de armas hacia naciones extranjeras, mientras que las empresas privadas necesitan la aprobación del Gobierno chino. Pekín sí ha sido más explícito a la hora de reconocer los peligros de estas transferencias, pero SIPRI cree que todavía “se resiste a la transparencia propia de las armas de este tipo, y por lo tanto su alcance sigue siendo desconocido”.
Añade que, durante el periodo comprendido entre 2006 y 2010, se contabilizaron por la ONU y SIPRI transferencias con 57 estados. De todos ellos, 36 informaron a Naciones Unidas, mientras que SIPRI reconoció a 37 del total. SIPRI explica en el informe que otros 10 países no informaron a la ONU sobre estas importaciones, institución que se supone debería de tener constancia de todos estos intercambios comerciales.
Con todo, China ha participado en el programa de las Naciones Unidas UNODA (Oficina de las Naciones Unidas para el Desarme), además de confirmar que combatiría el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Sin embargo, fue uno de los 23 estados que se abstuvo de votar en la Asamblea General de la ONU para adoptar el proyecto de ATT.
SIPRI concluye, en la parte final del documento, que China todavía mantiene “algunas lagunas, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad de información que se transmite a la hora de conceder licencias de exportación hacia otros países”.
Fuente: www. defensa.com
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